El presidente de Juntos por España, Andrés Santo, ha
solicitado por escrito al Sindic de Greuges, que investigue de oficio, tal como
puede hacerlo, si el pasaporte covid impuesto por la Generalitat, vulnera
derechos y libertades constitucionales de los valencianos, pues si así fuera se
debe exigir la inmediata suspensión de dicha norma. Y todo ello, porque días
atrás se presento una queja ante el defensor del pueblo valenciano, Angel Luna,
a la que respondió “echando balones fuera” y “desviando” la queja con el
argumento de que Juntos por España debería haberse dirigido previamente a la
Administración correspondiente, denunciando lo planteado e informando que para
admitir la queja a trámite se debe presentar documentación que acredite haber
interpuesto un recurso administrativo de reposición o haber iniciado
actuaciones en sede judicial, cuando todos sabemos que esos trámites requieren
de un tiempo que nos falta, cuando las restricciones son para unas semanas en principio, aunque mucho nos tememos
-según manifiesta Andrés Santo- que el Consell que preside Ximo Puig, lleva
idea, tal como el mismo ha anunciado, de imponer muchas más restricciones y con
mayor duración en el tiempo, pues se quiere tapar la negligencia en la gestión
de la pandemia, con más políticas restrictivas hacia los ciudadanos y en
especial hacia los no vacunados, que han decidido de manera libre y voluntaria,
no inocularse unas vacunas que no parecen estar totalmente bien desarrolladas,
que más bien parecen experimentales, que no tienen la eficacia anunciada y que
con ellas, los vacunados se siguen contagiando de igual manera.
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