Tras la reciente consulta realizada por el presidente de
Juntos por España, Andrés Santo, sobre el estado del recurso de
inconstitucionalidad contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que
presento el Partido Popular en 2010 y que todavía sigue sin resolverse tras más
de 11 años, la Secretaría del Pleno del Tribunal Constitucional, ha dado
respuesta con un escrito, en el que se indica que el citado recurso se
encuentra en “trámite de resolución”. Lo que a juicio de Juntos por España, es
de especial gravedad y escandaloso, pues es una ley que afecta a miles de seres
no nacidos y que deberían ser protegidos en el derecho a la vida, tal como
recoge en el artículo 15 de la Constitución Española. Y no se puede entender,
en ningún caso y de ninguna manera, que siendo un órgano constitucional español
e independiente de los demás órganos constitucionales y que tiene la función de
interpretar la Constitución y realizar funciones de control de las leyes, así
como la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, hayan podido
pasar 11 años, en resolver un recurso, que todo apunta a que puede tumbar la
Ley del Aborto aprobada por el gobierno socialista del expresidente, José Luis
Rodríguez Zapatero y que bajo su vigencia, puede haber afectado a cerca de un
millón de abortos, que no se podrían haber realizado, si la ley, es
anticonstitucional. Mucho nos tememos, que detrás de todo este retraso en la
resolución del recurso, hay demasiada política de por medio y por eso mismo, queremos
proteger a los jueces de los políticos y queremos que los jueces, sean
gobernados y elegidos por jueces imparciales e independientes, y no por jueces
puestos a dedo mediante pactos en despachos, por los partidos políticos, bien
sean de izquierda o derechas, pues lo mismo nos da.
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