EL SÍNDIC DE GREUGES SE DESENTIENDE DE INVESTIGAR DE OFICIO SI EL PASAPORTE COVID VULNERA DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS VALENCIANOS

 

El Síndic de Greuges, Angel Luna, se desentiende de investigar de oficio, si el pasaporte covid, vulnera derechos y libertades de los valencianos, tal como le solicitó el presidente de Juntos por España, Andrés Santo, y da “carpetazo” al asunto, al no admitir a trámite el escrito de queja presentado ante la resolución de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por el que se acuerda imponer la restricción del acceso a determinados establecimientos a los valencianos no vacunados, lo que a juicio de Juntos por España, puede violar derechos y libertades fundamentales que garantiza la Constitución Española y que el Consell del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se puede haber saltado de manera totalmente arbitraria y sin que nadie haya hecho nada en contra, pues ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, han movido un solo dedo en este sentido. Y es más, Vox incluso ha reculado de sus propias palabras, no cumpliendo con el anunció de su portavoz en la Cortes Valencianas, Ana Vega, que en reiteradas ocasiones dijo que su partido iba a recurrir el decreto, que incluso ha sido ampliado con más restricciones todavía y que el partido de Abascal de manera sospechosa sigue sin recurrir ante los tribunales, aunque siga manifestándose en contra, pero sin dar un paso al frente con una actitud muy oscura al respecto. Juntos por España se pregunta, si ahora que Vox está en la oposición, no cumple con sus promesas, qué hará si algún día llega al gobierno y mucho nos tememos, afirma, Andrés Santo, que la derecha radical, es mucho ruido y pocas nueces, engañando y manipulando a la gente con falsas promesas y un programa oculto tras sus siglas.           

JUNTOS POR ESPAÑA SOLICITA AL SINDIC DE GREUGES QUE INVESTIGUE DE OFICIO SI EL PASAPORTE COVID IMPUESTO POR LA GENERALITAT VULNERA DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS VALENCIANOS

 

El presidente de Juntos por España, Andrés Santo, ha solicitado por escrito al Sindic de Greuges, que investigue de oficio, tal como puede hacerlo, si el pasaporte covid impuesto por la Generalitat, vulnera derechos y libertades constitucionales de los valencianos, pues si así fuera se debe exigir la inmediata suspensión de dicha norma. Y todo ello, porque días atrás se presento una queja ante el defensor del pueblo valenciano, Angel Luna, a la que respondió “echando balones fuera” y “desviando” la queja con el argumento de que Juntos por España debería haberse dirigido previamente a la Administración correspondiente, denunciando lo planteado e informando que para admitir la queja a trámite se debe presentar documentación que acredite haber interpuesto un recurso administrativo de reposición o haber iniciado actuaciones en sede judicial, cuando todos sabemos que esos trámites requieren de un tiempo que nos falta, cuando las restricciones son para unas  semanas en principio, aunque mucho nos tememos -según manifiesta Andrés Santo- que el Consell que preside Ximo Puig, lleva idea, tal como el mismo ha anunciado, de imponer muchas más restricciones y con mayor duración en el tiempo, pues se quiere tapar la negligencia en la gestión de la pandemia, con más políticas restrictivas hacia los ciudadanos y en especial hacia los no vacunados, que han decidido de manera libre y voluntaria, no inocularse unas vacunas que no parecen estar totalmente bien desarrolladas, que más bien parecen experimentales, que no tienen la eficacia anunciada y que con ellas, los vacunados se siguen contagiando de igual manera.

JUNTOS POR ESPAÑA SE ADHIERE A LA MESA ESTATAL POR EL BLINDAJE DE LAS PENSIONES (MERP)

 

Juntos por España se adhiere a la plataforma de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), de la que forman parte 400 organizaciones, que todas ellas tienen en común como objetivo, BLINDAR LAS PENSIONES EN LA CONSTITUCIÓN, tal como se dice en su manifiesto, para promover una reforma que otorgue a las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad. Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas. El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad, y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, tanto en el presente como en el futuro. Hay que protegerlo y reforzarlo. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, donde confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales, de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidas en torno a un único punto: Blindar las pensiones en la Constitución. La plataforma MERP lleva recogidas en su campaña nacional, cerca de 3 millones de firmas que han sido entregadas al Defensor del Pueblo y otras instituciones. Por todo ello y como Juntos por España comparte los objetivos de la plataforma MERP al defender nosotros también las pensiones y el modelo de sostenibilidad del sistema de reparto, frente al de capitalización que defienden los liberales, así como también, la revalorización y el aumento de sus importes para así garantizar una vida digna a los pensionistas, eliminando otros gastos superfluos como son las autonomías u otros derroches en chiringuitos y políticos sin función social alguna, para así hacerlo posible. Y tampoco aceptamos como la MERP, ningún recorte de las pensiones, ni tampoco mayor tiempo de cotización social después de muchos años de trabajo, sudor y lágrimas de los trabajadores y de los autónomos. Y entendemos que España tiene capacidad y riqueza suficiente para mantener un buen nivel de vida para todos los españoles, pero para ello hay que tomar decisiones políticas y económicas de manera valiente y que así lo garanticen de verdad, nuestro movimiento ha decido integrase en la MERP. 

JUNTOS POR ESPAÑA INSTA AL SÍNDIC DE GREUGES A QUE SOLICITE A LA GENERALITAT VALENCIANA LA SUSPENSIÓN DEL PASAPORTE COVID

 El presidente de Juntos por España, Andrés Santo, ha presentado un escrito al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, instándole a que solicite a la Generalitat Valenciana, la suspensión inmediata del llamado pasaporte covid, al considerar desde esta organización, que tras la resolución y publicación, el pasado 3 de diciembre de 2021, en el DOGV, por la que se acuerdan por parte de la Generalitat Valenciana de medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, se pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos que ampara la Constitución, en diversos artículos que afectan a los actos discriminatorios, al derecho a la intimidad y al tratamiento de datos de carácter personal, cuando además la vacunación en España no es obligatoria y por ley no se puede prohibir la entrada en locales de ocio, hostelería o eventos, a ninguna persona por no acreditar ningún tipo de vacunación. Lo que además, entendemos que se trata de una medida de la Generalitat Valenciana, de coacción a vacunarse y que puede incluso violar nuestros derechos más fundamentales de carácter constitucional. Juntos por España, espera que dicha solicitud sea atendida por el defensor del pueblo valenciano, pues su misión es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración.                                               

JUNTOS POR ESPAÑA SE SUMA A LA CONCENTRACIÓN NACIONAL EN MADRID CONVOCADA POR LA PLATAFORMA CADA VIDA IMPORTA

 

El presidente de Juntos por España, Andrés Santo, acudirá a la concentración nacional convocada en Madrid, por la plataforma Cada Vida Importa, de la que forman parte diversas entidades en defensa de la vida y de la familia, pues desde nuestro movimiento, defendemos la vida de los aun no nacidos de manera activa, frente al aborto, pues se trata de un crimen y no de un derecho de la mujer. Y no podemos entender, matiza Andrés Santo, que con todos los medios al alcance de las parejas para no tener embarazos no deseados, el número de abortos sea de cerca de 100.000 al año, lo que evidencia un fracaso de la sociedad y de las políticas de la educación sexual y de la planificación familiar. Por lo tanto, el aborto solo debe ser autorizado en contados casos excepcionales, con la debida recomendación médica, así como con una autorización judicial, si es posible en el tiempo. Así mismo, desde Juntos por España, proponemos todo el apoyo necesario del Estado a las madres solteras con el fin de evitar el aborto en cualquier circunstancia que se pueda dar, como también apostamos en el fomento de la natalidad entre los nacionales. Entendemos como muy necesario facilitar los trámites en la adopción o acogida de niños huérfanos, abandonados o nacidos de un embarazo no deseado. Y rechazamos los llamados vientres de alquiler y la gestación subrogada, pues entendemos que no es un medio natural de embarazo. Así mismo, mostramos nuestra total oposición a la eutanasia y toda la cultura de la muerte que fomenta la izquierda y los progres. No somos un partido confesional, aunque nos inspiramos en el cristianismo y en el respeto a la Iglesia y su labor social y evangélica, aunque entendemos que debe haber una  separación entre la Iglesia y el Estado. También, afirma Andrés Santo, somos firmes partidarios de fomentar el matrimonio, sea civil o religioso, como lazo de unión entre las parejas y para construir un futuro en común.     

JUNTOS POR ESPAÑA APOYA LA MANIFESTACIÓN EN MADRID DE LOS SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

El presidente de Juntos por España, Andrés Santo, acudirá a la manifestación convocada en Madrid por los sindicatos y asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil, para así mostrar su apoyo al objetivo de la movilización, pues consideramos que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, nos afecta de manera negativa a todos los españoles, salvo a los delincuentes, los radicales de la izquierda y a los separatistas, lo que además producirá una mayor inseguridad en nuestras calles con el aumento de la delincuencia. En ese sentido, Juntos por España tiene la voluntad política necesaria, a diferencia de los partidos del Sistema, para combatir el tráfico y consumo de drogas, castigando con firmeza a los narcotraficantes que venden las drogas a nuestros jóvenes, anestesiando su conducta, frente a la injusticia y una vida sin un futuro digno para poder independizarse o formar una familia. Para ello, hay que dotar a la policía y la guardia civil de todos los medios necesarios, tanto en recursos humanos, técnicos y económicos, para poder combatir con eficacia la delincuencia en general y en especial al crimen organizado, pues consideramos que con más seguridad colectiva, hay más libertad individual de las personas. Por ello, las Fuerzas de Seguridad del Estado deben tener las garantías jurídicas necesarias para poder ejercer su labor frente a la delincuencia y los que provocan disturbios callejeros, aunque en algunos casos puedan tener razón en sus demandas, como el caso de los obreros y trabajadores de distintos sectores económicos e industriales, que defienden sus puestos de trabajo y unas condiciones dignas de empleo y que seguramente tienen razón en sus reivindicaciones, pero que se deben reclamar con medios pacíficos y sin alterar el orden público, pues con ello, en muchas ocasiones, se pierde la razón al perjudicar a terceros con la violencia en las calles. Así mismo, Juntos por España, apoya la equiparación de la Policía y la Guardia Civil, con los sueldos de las policías autonómicas, aunque nosotros entendemos que dichas policías deben desaparecer y ser incorporadas a los otros cuerpos, pues el mejor destino de las autonomías, es suprimirlas, tal como proponemos, desde nuestro movimiento.         

JUNTOS POR ESPAÑA RECLAMA COMBATIR LA LACRA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AFIRMA QUE LA VIOLENCIA NO TIENE GÉNERO

Juntos por España manifiesta que es cierto, que existe una violencia doméstica en el ámbito familiar y de la pareja, que afecta en mayor medida y número a las mujeres que a los hombres y que debe ser erradicada y castigada de manera ejemplar, pero entendemos que la violencia no tiene género y afecta tanto a las mujeres, como a los hombres, a los niños y a los ancianos. Por ello, todos deben ser protegidos por el Estado de igual manera. El hombre y la mujer son iguales a todos los efectos, por lo tanto, también lo deben ser en derechos y en deberes ante la comunidad nacional, pues son seres complementarios y no enemigos enfrentados como nos quieren hacer ver las activistas del feminismo radical de izquierdas. Por ello, exigimos que la violencia doméstica debe ser combatida con la educación y la protección jurídica necesaria para evitar en el mayor número de casos posibles, esta lacra que afecta a nuestra sociedad de manera sangrante. También consideramos necesaria una protección social para las víctimas de la violencia doméstica, pues en muchos casos la situación laboral o económica, afecta de manera determinante y negativa a las denuncias de quienes la sufren, siendo que además necesitan del amparo de la policía y de la guardia civil, a las que reconocemos su gran labor, aunque entendemos que disponen de escasos medios técnicos y humanos para su trabajo. Por otra parte, queremos manifestar que en la actualidad el hombre está siendo atropellado en sus derechos más fundamentales ante la denuncia de una mujer, pues antes se deben de hacer las comprobaciones necesarias para garantizar que una detención está ajustada a derecho, pues en muchas ocasiones se producen denuncias falsas con el objetivo de ganar terreno ante una separación o divorcio en cuanto a pensiones o custodia de los hijos.